La ahora llamada “ley de cuates” trastoca le legitimidad y credibilidad que tanta falta le hace a la Sala Superior.
La poca fortaleza que ha ido construyendo nuestra democracia no se puede entender sin dos instituciones fundamentales en el desarrollo político democrático de nuestro país, una es el INE, y la otra es el Tribunal Electoral, institución fundamental que, entre otras cosas, tiene a su cargo la calificación uni-instancial de la elección presidencial.
En fecha reciente presenciamos el nombramiento de los nuevos magistrados electorales de la Sala Superior, quienes tendrán a su cargo la calificación de la elección presidencial de 2018, que se augura será un proceso igual o más complejo que 2006 y 2012.
Todo indicaba que el procedimiento de elección de los magistrados era “limpio”, se inició con una lista de 42 candidatos que comparecieron ante el Pleno de la Suprema Corte, luego, se creó una lista de 21 candidatos con los cuales se integraron las siete ternas. La Corte tuvo en ese proceso un acierto, dejar fuera de las ternas a los tres consejeros electorales del INE en activo y al titular de la Fepade. Lejos de la discrecionalidad con que actúan los ministros, hasta esta etapa el proceso aún era “creíble”.
Las ternas fueron enviadas al Senado, y se siguió con el procedimiento legal y constitucional para elegir a los magistrados electorales. Según el artículo cuarto transitorio de la reforma de 2008, los magistrados iniciarán su mandato el 4 de noviembre de 2016, pero el Senado debía señalar, como ocurrió en un principio, el periodo por el cual fueron electos, pues dos magistrados dejarán su cargo el 31 de octubre de 2019, dos el 31 de octubre de 2022 y los otros tres hasta el 31 de octubre de 2025. Aquella reforma respondió a la necesidad de tener una renovación escalonada, por primera vez, en la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Hasta aquí todo bien, pero un “rayo de luz” iluminó a nuestros legisladores y decidieron que siempre no, que los periodos por los que fueron electos cuatro magistrados se tienen que ampliar, y en el corto tiempo que ocupan dos semanas, tanto los senadores como los diputados aprobaron una reforma. ¿Qué han hecho los legisladores? Echar a la basura la aunque sea poca legitimidad con que deben iniciar su mandato los magistrados electorales, la ahora llamada “ley de cuates” trastoca le legitimidad y credibilidad que tanta falta le hace a la Sala Superior.
Muchas preguntas quedan al aire: ¿pueden los legisladores, por una simple ocurrencia, modificar las reglas constitucionales y legales, las cuales, cabe señalarlo, siguieron durante todo el proceso de designación?
Para ser claro, un día el Senado termina un proceso de designación, y al siguiente se les ocurre modificar algunas reglas; un día nombran a magistrados por tres años, y al siguiente creen que es mejor que sean por siete años.
Un artículo transitorio como el señalado arriba, sirve únicamente para señalar el momento de vigencia de una regla, en este caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Basta con recordar las clases de Derecho Constitucional para saber que una norma que no está vigente no se puede modificar (o de nada sirve modificarla), el mencionado transitorio ya había perdido vigencia cuando se modificó. Se espera ahora un debate muy interesante sobre si actos consumados, como fue la designación de los magistrados, pueden ser modificables, ¿acaso no se les ocurrió a los legisladores antes de terminar todo el proceso de designación?
La prudencia y la inteligencia no son propias de nuestros legisladores, pero tal parece que tampoco de los nuevos magistrados, de los cuales se hubiera esperado al menos una declaración pública pidiendo que los dejaran cumplir su encargo durante el periodo por el que originalmente fueron nombrados. A una institución como el Tribunal Electoral no le sirve tener como magistrados a personas capaces pero manchados por la “ley de cuates”, ahora, cada que una decisión no favorezca a algún partido, y donde la balanza se incline gracias a los magistrados que gozan de un “periodo ampliado”, las acusaciones de favoritismos y amiguismos estarán, con justa razón, presentes.
Hasta donde alcanzo a ver aún quedan dos salidas, una es que el presidente no promulgue la “ley de cuates”, y la regrese al Congreso, y si aún así los legisladores la aprueban, queda el camino de la Acción de Inconstitucionalidad. Pero, lo más triste, es que pase lo que pase, la fractura a la legitimidad de los magistrados ya es permanente.
