Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo da marcha atrás y con anuencia de Enrique Peña Nieto, acudió a las secretarías de la Defensa y de Marina para asegurarles a sus titulares que se mantendrán los “usos y costumbres” en la designación de sus sucesores, algo que había criticado durante su campaña. Y también al contrario de lo que había venido planteando con anterioridad, declaró que las Fuerzas Armadas seguirán actuando en labores de seguridad, al menos hasta que la Policía Federal sea capaz de enfrentar la violencia que azota al país.
Si ya en los primeros días después de su triunfo del 1 de julio López Obrador había dicho que respetaría la forma en que se ha elegido a los secretarios militares desde el régimen del PRI, el lunes 20 despejó cualquier duda al respecto. En la conferencia de prensa que dio en el Palacio Nacional con el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, luego de la primera reunión formal de transición, afirmó sin equívocos que los próximos jefes de las Fuerzas Armadas serían un general y un almirante en activo.
Así puso fin a las especulaciones de que constitucionalmente estaba en condiciones de designar a militares en retiro. No son pocos los mandos retirados que lo han respaldado desde su primera candidatura presidencial, en 2006; el más conocido es el general tabasqueño Audomaro Martínez, quien desde que estaba activo apoyó abiertamente a su paisano (Consulta.com).
Todo lo que había planteado en campaña AMLO fue hecho a un lado, como no usar la ley para reprimir movimientos sociales, respecto de las amplias atribuciones militares con la aprobación y vigencia de la Ley de Seguridad Interior (LSI). Una ley severamente cuestionada e impugnada, dentro y fuera del país, por sus vicios de inconstitucionalidad y el grave riesgo que representa para las garantías ciudadanas y los derechos humanos de la población. Por otro lado, a partir del 2 de julio, AMLO ha omitido siquiera revisar su pertinencia y menos derogarla, como debería hacerlo a la luz de las demandas de organizaciones civiles de defensa de derechos humanos y otras, como la CNDH y la misma ONU.
En otras palabras, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se contuvo ante los militares. Su confrontación con los altos mandos del Ejército y la Marina durante la campaña presidencial acabó en acercamiento. Apegado a “los usos y costumbres” del estamento militar, no sólo fue él quien los visitó en sus centros de mando, sino que designará a sus sucesores en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de entre los generales y almirantes que ellos le propongan. Entre los prospectos destacan quienes han estado en primera línea en la estrategia de “guerra al narcotráfico” que López Obrador ha criticado desde antes de ser candidato presidencial.
El asesinato de civiles en Tlatlaya, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el recrudecimiento de la violencia en Guerrero y Michoacán o la desaparición forzada de personas en Tamaulipas están detrás de las hojas de servicio de los generales y almirantes del primer círculo de los altos mandos y que aspiran a ser los jefes militares en el gobierno de López Obrador (Revista Proceso).
Las dos visitas
A diferencia de los desencuentros con ellos durante la campaña (Proceso 2155) y de lo que ha sido la dinámica de visitas a su casa de trabajo de quienes lo han querido ver, fue él quien visitó a los secretarios militares en sus centros de mando.
El martes 21, sin anuncio previo, acudió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para reunirse con el jefe del Ejército y Fuerza Aérea, el general Salvador Cienfuegos Zepeda.
Por la noche, después del hermetismo en torno a esa visita, el presidente electo anunció en su cuenta de Twitter: “Me reuní con el general de división Salvador Cienfuegos; me dio sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia y las alternativas. Reiteré que el próximo secretario de la Defensa Nacional será un militar en activo del más alto rango, honesto y leal a la patria” (Revista Proceso).
La mañana del viernes 24 fue al cuartel general de la Marina Armada para encontrarse con el secretario, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. En conferencia de prensa posterior reiteró que designará a mandos en activo y, contrario a su discurso de campaña, dijo que las Fuerzas Armadas seguirán participando en labores de seguridad.
Algo que llama la atención el silencio de los críticos de la LSI, organizados y en lo individual, luego del triunfo electoral de AMLO, que no persisten en su reclamo por echarla abajo, sabedores de que el gobierno entrante continuará con esquemas fracasados, creados e impulsados por sus predecesores, como el mando único policial.
Todo indica que los mecanismos intrusivos y antidemocráticos de la LSI serán la base para aspirar al modelo estadunidense de Secretaría de Seguridad Interior (Homeland Security)… pero “a la mexicana” porque, además de constituir la moneda de cambio castrense de control político y social al servicio del gobierno entrante, serán los militares el factótum de la nueva hegemonía de poder sin contrapesos reales ni formales. De ahí la retórica de “esperar” a que la Suprema Corte “decida” sobre una ley que ya se aplica desde diciembre pasado (véase la entrevista: Durazo ofrece verdad y justicia. El país un panteón, Proceso 2181), olvidando que se trata de la misma Corte que aprobó la jurisprudencia que les dio el disfraz de policías a los militares bajo la coartada del confuso concepto de “seguridad interior” que figuraba sólo en leyes orgánicas castrenses.
Aunque matizó que esa participación será transitoria, subrayó: “Quiero ser lo más claro posible, sincero. Si no contamos con el apoyo del Ejército y la Marina no podríamos enfrentar el problema de la seguridad”. Después de reunirse con Soberón, añadió: “La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos; siendo realistas, no se ha podido consolidar a la Policía Federal. No se avanzó”.
El presidente electo reiteró que el uso de las fuerzas armadas será transitorio en lo que se forman cuerpos policiales y se realizan las reformas legales para crear una guardia nacional capaz de garantizar la paz en el país.
Salvador Cienfuegos ha mantenido el control entre quienes buscan reemplazarlo. Según los “usos y costumbres” en las Fuerzas Amadas, los que están en las preferencias del secretario son quienes forman parte de su equipo más cercano, dominado por divisionarios que han participado en el combate a la delincuencia desde que en 2007 Felipe Calderón le declaró “la guerra a las drogas”, y que en el actual gobierno tuvieron protagonismo en estados con grave conflictividad, como Guerrero y Michoacán, o de plano han sido señalados por lo que hicieron o dejaron de hacer en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los hombres más cercanos de Cienfuegos y por ende, los que tienen posibilidades de sucederlo en el alto mando, estos con quienes ha ejercido el mando territorial y administrativo y todos con grado de general de división, son el actual subsecretario Roble Arturo Granados Gallardo; el inspector y contralor general del Ejército, Pedro Felipe Gurrola Ramírez; el oficial mayor, Emilio Zárate Landeros, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Alejandro Saavedra Hernández.
Los cuatro han acompañado a Cienfuegos en su gestión desde distintos cargos, incluidos operativos contra la delincuencia organizada, y están en la primera línea de la sucesión. Sin embargo, el subsecretario y el oficial mayor están próximos a retiro.
Fuentes:
https://www.animalpolitico.com/2018/08/ejercito-marina-policia-federal-amlo/
http://www.e-consulta.com/medios-externos/2018-08-26/amlo-se-cuadra-ante-el-ejercito-mexicano
