LOS ESTAREMOS VIGILANDO

Ricardo Hernández Montes de Oca

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SOBRE LAS “DONACIONES” DE LOS PARTIDOS

Hace unos días empezó a circular, luego del sismo del 7 de septiembre, una idea en redes sociales y en diversos sectores de la sociedad civil, la cual consiste en que se les descuente a los partidos (o que ellos donen) el 20% del monto total del presupuesto asignado a los partidos políticos para campañas electorales, y que esto se vaya a la reconstrucción de hospitales, escuelas, viviendas, etcétera.

La propuesta parecía de inicio interesante, siempre es tentador que los partidos, que de tan mala fama gozan en  nuestro país, tengan menos dinero para sus campañas, pues eso implica, entre otras cosas, no tener nuestras calles llenas de “basura electoral”. Pero la materia electoral no es, ni es deseable que así sea, un juego de buenas intenciones.

La propuesta de “donar” parte de sus prerrogativas fue acogida en primer lugar por Morena, en especial por Andrés Manuel López Obrador; luego del sismo del pasado 19 de septiembre los demás partidos se sumaron, de distintas maneras, con distintas propuestas y diversos porcentajes, a la propuesta para atender las necesidades surgidas luego de los sismos en nuestro país.

 

En un inicio surgió la postura de que los partidos no podía hacer “lo que quisieran” con sus prerrogativas, pues éstas están etiquetadas, a primera vista no se encontraba en la ley electoral algún mecanismo que les permitiera donar en estos casos… el 22 de septiembre, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló en un video difundido principalmente en redes sociales, que sí sería posible que se realizarán estas donaciones.

A continuación explicamos de dónde vienen los recursos de los partidos, para que se pueden usar, y hacemos un ejercicio de reflexión sobre lo que podría pasar si los partidos se quedan sin recursos para sus campañas.

El financiamiento público (según el artículo 41 de la Constitución) que reciben los partidos que obtengan por lo menos el 3% de los votos en las elecciones en donde se elija al presidente de la República o se renueven las cámaras del Congreso de la Unión, se divide principalmente en dos: el que obtienen para actividades ordinarias, y el que se dirige a las actividades tendientes a la obtención del voto, es decir, para campañas.

 

El financiamiento para actividades ordinarias se fija multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% del resultante se reparte de manera igualitaria y el restante 70% se reparte de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en la elección inmediata anterior.

Por su parte, el financiamiento público para campañas corresponde al 50% del financiamiento público para actividades ordinarias del año en curso, es decir, por cada peso para actividades ordinarias los partidos reciben 50 centavos para gastos de campaña en el caso que se elija presidente, senadores y diputados federales; para el caso de elecciones intermedias el gasto para campañas corresponde sólo al 30% del financiamiento para actividades específicas.

El financiamiento público (art. 51, Ley General de Partidos Políticos) para actividades ordinarias permanentes está destinado para sus actividades, estructura, sueldos y salarios; para gastos de campaña está destinado, como su nombre lo indica, a las campañas.

Una norma fundamental de nuestra legislación electoral es que el dinero público prevalecerá sobre el privado, y respecto a este último señala el art. 53 de la Ley General de Partidos Políticos que las aportaciones de militantes no podrán exceder el 2% de lo destinado a la totalidad de los partidos para sus actividades ordinarias y de precampaña; en el caso de las aportaciones de candidatos y/o simpatizantes no podrá exceder el 10% del tope de gastos para la elección presidencial inmediata anterior y será utilizado para las campañas de sus candidatos; las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5% del tope de gastos para la elección presidencial inmediata anterior.

Hace unos días conocimos el monto total de financiamiento destinado a los partidos, serán, en total, 6,788.90 millones de pesos. Una cifra exorbitante para un país donde más de la mitad de la población viven en la pobreza, donde el salario mínimo (o como ahora se le llame) no llega a los 100 pesos diarios, donde la desigualdad es cada vez más patente, y además en los últimos días castigado con diversos fenómenos naturales. Pero ¿qué se resolvería si le quitamos todos esos millones a los partidos? Suena extremo, pero no resolvemos nada, ayudaría mucho en el corto plazo, pero esa cantidad no supera ni siquiera el 1% del PIB, esto es, no nos ayudaría a resolver las carencias de educación, salud o de ciencia y tecnología, donde se calcula que al menos se necesitan 3 puntos del PIB para empezar a tener avances serios.

Ahora mismo nos estamos enterando por los medios de comunicación de que incluso existe la propuesta de algunos partidos de que se elimine todo su presupuesto para campañas, la pregunta que surge es ¿de dónde se las van a pagar? De dinero privado seguramente, de eso que el sistema electoral mexicano ha estado huyendo desde hace varios años, a todos los que están de acuerdo con esta propuesta (muy popular, poco viable) les pregunto: ¿están de acuerdo en que los partidos obtengan dinero de empresarios (los de Televisa, TV Azteca, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios…), de esos que tanto daño le han hecho a nuestro país, o peor aún, dinero ilícito proveniente de, por ejemplo, el narcotráfico? Está de pensarse ¿no?

Porque nos quieren vender la idea de que sin dinero no habrá campañas, pero no será así, ningún partido ha dicho que va a renunciar a sus espacios en radio y televisión, la spotización ya viene y nadie se ha pronunciado porque ese espacio se utilice para recolectar fondos, víveres y diversos recursos para todos los damnificados por los sismos.

Está muy bien (para la foto) grabar un vídeo donde se dice que los partidos no quieren dinero público, pero no nos dijeron lo que dice el 105 de la Constitución, que 90 días antes de que inicie el proceso electoral no puede haber modificaciones legales fundamentales a las leyes electorales, nunca repararon en que el 8 de septiembre pasado inició el proceso electoral, o seguro se están haciendo de la vista gorda. Juzgue usted.

 

Hemos sido testigos en los últimos días de la gran solidaridad del pueblo mexicano, y a estos políticos lo único que se les ocurrió fue “hacer caravana con sombrero ajeno”, van a donar dinero que aún no reciben y que no va para sus bolsillos (o eso esperamos todos y todas), dinero que no se ganaron con su trabajo… podrían haber salido los presidentes de los partidos y decir que donarán el 50% de su salario, sí, ese que obtienen del presupuesto para actividades ordinarias, o que todos los “altos mandos” de los partidos políticos dejarían de su bolsa tal o cual cantidad. Seguro no se les ocurrió. Juzgue usted.

O mejor aún. No los queríamos ver en una batalla de quién “dona” más; que si el 20, el 25, el 50%, o toda la lana de su financiamiento público para campañas. ¿Querían publicidad, visibilidad en los medios, aumentar su popularidad? ¿Nadie les dijo que podrían acudir como miles de ciudadanos a algún centro de acopio y donar algunas de las muchas cosas que se necesitaban y se seguirán necesitando? ¿Nadie les dijo la dirección de un edificio derrumbado donde quedó gente atrapada y que se necesitaban voluntarios para las tareas de rescate? ¿Qué no piensan? Ya se me ocurrieron muchas posibles respuestas…

Pero bueno, ya hasta el INE les tomó la palabra, y se están encontrando las formas para que así sea. Ahora necesitamos encontrar los mecanismos para vigilar que todos los recursos lleguen a los damnificados por los sismos. No podemos permitir que, como casi siempre, los partidos nos “tomen el pelo”. Porque si deciden que los partidos hagan “la repartición” ¿qué nos asegura que no estarán haciendo campaña, comprando votos, promocionandose? Pero si deciden que esos recursos se devuelvan a la Hacienda pública ¿qué nos garantiza que el gobierno federal no utilizará todos esos recursos para autopromoción y para promocionar a su partido y a su futuro candidato presidencial?

El INE deberá reforzar sus mecanismos de fiscalización ya que, al menos eso me dicta mi sentido común, será altamente sospechoso encontrarnos con ciudades llenas de publicidad de los partidos, con regalos y demás despilfarro de recursos si, como se supone, los partidos tendrán menos dinero.

¿De verdad los partidos quieren gastar menos? Pues hagan una propuesta de reforma en la que se modifiquen las fórmulas de asignación de recursos, porque “de lengua me como un taco” cuando los escucho decir que ya no quieren dinero público para sus campañas, pero los he visto aprobando las leyes necesarias para mantener intactas sus prerrogativas. No olvidamos que bajaron al 50% el financiamiento para campañas, pero se asignaron espacios en radio y televisión ¿creen que nos engañaron?

Y no se confundan, no queremos (espero que los amables lectores se incluyan) que el dinero privado domine, el financiamiento público es el que debe prevalecer; su dinero proviene del presupuesto público, el cual se obtiene de nuestros impuestos, y así debe seguir, los favores nos los deben a la ciudadanía en general y no a unos cuantos empresarios o a uno que otro delincuente.

Qué mal que los vimos con sus trajes cuyo valor suma algunos miles de pesos en lugar de verlos un poco empolvados, cansados, asustados y preocupados por la situación de nuestro país. Los estaremos vigilando.

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