Dreamers repatriados

Choque cultural y educativo en su retorno a México

Derivado del endurecimiento en la política migratoria del actual gobierno estadounidense, el gobierno mexicano ha anunciado su interés por fortalecer las políticas de inserción de migrantes repatriados. En especial, en el tema educativo busca asegurar la educación de los dreamers, a través de la simplificación de los procedimientos de revalidación de estudios y asegurando espacios en los centros educativos.

Pero antes de continuar, es necesario establecer el contexto en el que se desarrollan los dreamers y del cual se desprende su problemática. El término se deriva del proyecto de ley Development Relief and Education for Alien Minors Act (Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros) o “DREM Act”[1], mediante el cual se permitiría a los estudiantes indocumentados que hubiesen llegado a los EUA siendo menores de edad, recibir ayuda financiera y  pagar las mismas tarifas universitarias que los estudiantes residentes (y no como extranjeros que en algunos casos es hasta el triple del costo), con la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense cumpliendo ciertos requisitos.

 

 

Los llamados dreamers, por encajar en el perfil del DREAM Act, son migrantes que no eligieron migrar, que fueron llevados a ese país siendo niños, muchos de ellos ni siquiera conocen o recuerdan su país de origen, por lo que existe muy poco arraigo con éste, para la mayoría de ellos, su hogar y su país es EUA, un país en el que crecieron incluso sin saber, hasta más tarde, que eran indocumentados, un país y una cultura con la que se identifican y en el que han hecho lazos afectivos, el mismo país para el que son ilegales.

Los dreamers luchan y “sueñan” con estudiar una profesión y ejercerla en EUA, lo que resulta ser muy complicado para la mayoría debido a los altos costos de la educación universitaria, especialmente porque por su condición de indocumentado no pueden solicitar ningún tipo de apoyo financiero. Recordemos que en ese país,  la educación pública gratuita es hasta el High School (equivalente al bachillerato), por lo que los dreamers ven truncadas sus aspiraciones, y en el mejor de los casos cuando con muchos esfuerzos y sacrificios logran concluir una carrera, no pueden ejercerla.

 

 

Lamentablemente el Dream Act  quedó solo en el debate, pero dio paso a una “Deferred Action for Childhood Arrivals” (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o “DACA” por sus siglas en inglés, con el cual, ciertos jóvenes indocumentados elegibles bajo requisitos similares al “DREAM Act”, pueden obtener una residencia temporal para continuar con sus estudios y un permiso para laborar en dicho país, ambos renovables cada dos años[2].  Algunos estados incluso han ampliado sus programas financieros a fin de que estos dreamers puedan obtener ayuda financiera.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los EUA y su política antiinmigrante, la situación de los dreamers vuelve a ser vulnerable, pues al ser DACA una acción ejecutiva, puede ser revocada en cualquier momento y  aunque éste ha señalado no eliminarla por el momento, el pasado mes de febrero México recibió al primer dreamer mexicano deportado con permiso DACA vigente.

 

 

Ante este panorama, ¿México está preparado para recibir y atender las necesidades de los dreamers?

La deportación de estudiantes binacionales no es reciente, pero es ahora que el tema es más visible, cuando el gobierno mexicano pone atención a la problemática que aqueja a este sector. La realidad es que a su retorno, los dreamers se enfrentan con obstáculos que impiden su pronta inserción en México, desde trámites engorrosos hasta discriminación y rechazo de las instituciones públicas y de la misma sociedad por carecer de documentación, por no compartir las mismas costumbres, estilos de vida e incluso idioma, éstos son considerados extranjeros a pesar de haber nacido en México.

Los dreamers y en general la población repatriada, al llegar a México se enfrentan a un choque cultural y emocional que se desprende del proceso de deportación, de la desintegración familiar y del no sentirse ni de aquí ni de allá, siendo rechazados y señalados por ambas sociedades; así como educativo pese a los los esfuerzos de las instituciones mexicanas, quienes de por si no pueden garantizar la educación de todos los niños y jóvenes que ya habitan en el país.

 

 

Si bien, recientemente se realizaron reformas a la Ley General de Educación para flexibilizar los procedimientos de revalidación de estudios y para la incorporación a los centros educativos de estos jóvenes, en la práctica, los estudiantes binacionales se topan con instituciones que no saben cómo dar respuestas a sus requerimientos. A decir verdad, en México existe una tendencia de hacer políticas públicas “sobre la marcha”, es decir, carentes de prevención y sin procedimientos establecidos que las hagan efectivas, por lo que tienen que ir tocando puertas para encontrar apoyo, y en muchos casos al no encontrarlo concluye en la deserción escolar y limitadas oportunidades laborales.

Para garantizar una eficaz inserción de dreamers y estudiantes binacionales al sistema educativo nacional no solo se requiere cambiar la legislación sino también establecer mecanismos prácticos como resultado de una buena colaboración entre los gobiernos locales y el federal, donde la participación y capacitación de las dependencias que atienden el tema, así como de las instituciones escolares es fundamental para ofrecer mayores herramientas educativas y por ende mejores oportunidades de crecimiento y empleo en nuestro país.