México: pendientes relevantes

Se acaban de cumplir cuatro años de la administración del presidente Peña Nieto, sólo le quedan dos y el panorama no es nada alentador.

Se acaban de cumplir cuatro años de la administración del presidente Peña Nieto, sólo le quedan dos y el panorama no es nada alentador. Por su parte, el Poder Legislativo federal tampoco ha contribuido a mejorar esto. Están pendientes el nombramiento del fiscal anticorrupción y el arranque de la Fiscalía General de la República. Dos temas que no son menores si de verdad queremos transformar el presente y el futuro de nuestro país.

El nombramiento del fiscal anticorrupción se sigue posponiendo, ahora, con el retiro de la candidatura de Ximena Puente, comisionada presidenta del INAI, el Senado amplió el plazo hasta el 15 de febrero de 2017 para hacer llegar las propuestas de aspirantes. Ya de por sí la mala técnica legislativa usada en la reforma dejó mucho que desear, y ahora los senadores no son capaces de elegir a la persona idónea para el cargo. Conviene señalar, además, que dicho fiscal sólo durará en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, según el transitorio décimo octavo de la reforma, es decir, menos de dos años tendrá el fiscal para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Si reconocemos que la corrupción es uno de los problemas que más lacera a nuestra sociedad, los legisladores se deberían comportar a la altura. Con la reforma, en apariencia, se buscó crear un sistema que garantizara el derecho a la información, pero también que previniera y combatiera la corrupción, creando lo que se conoce como el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción; el primero de estos fue relativamente fácil echarlo a andar, pues el IFAI venía realizando buena parte de sus tareas, pero el Sistema Nacional Anticorrupción requiere de un entramado legal y administrativo que pareciera ser inalcanzable (al menos los legisladores no han podido).

En teoría, el Sistema Nacional Anticorrupción coordinará a las autoridades respectivas de todos los órdenes de gobierno para prevenir y sancionar actos de corrupción en donde participará la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, entre otras, pero, si no hay un fiscal, pues menos una fiscalía. La idea en principio parece buena, se creó un esquema de coordinación donde participarán instancias responsables de fiscalización, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, el Poder Judicial Federal, el tribunal correspondiente y la sociedad civil. Modelo, además, que se debe replicar en todos los estados. Claro está, sólo falta implementarlo. Pequeño detalle.

Por su parte, también hace falta el arranque de la Fiscalía General de la República. Desde la reforma del 10 de febrero de 2014, en que se le da autonomía constitucional a la actual Procuraduría General de la República y se transforma en Fiscalía, se está esperando que el Congreso haga su trabajo, como ellos mismos se lo ordenaron, y terminen todas las normas secundarias relacionadas con dicha reforma y hagan la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. Esta vez los legisladores tuvieron cuidado en no imponerse un plazo que, como la mayoría de las ocasiones que hacen eso, seguramente no cumplirían.

Además acaban de notar que como lo mandata el transitorio décimo sexto, el procurador en funciones será nombrado fiscal general. La mala fama del procurador Cervantes ha sido objeto de controversia, pero cuando fue ratificado por el Senado ¿será que nadie conocía dicho transitorio? En días pasados el propio presidente Peña envío una iniciativa para eliminar el transitorio que da “pase automático” al procurador, y así abrir un proceso de selección en el Senado, en los términos del artículo 102 constitucional.

Falta, además, delinear el modelo de Fiscalía, clave para garantizar el Estado de derecho en nuestro país, no hay que legislar al vapor pero tampoco alargar el proceso legislativo, más de dos años han pasado desde que se publicó la reforma y al día de hoy no hay acuerdo.

Los legisladores podrán argumentar muchas cosas para que estemos enfrascados y no se pueda echar a andar la Fiscalía ni nombrar al fiscal anticorrupción, pero, si no son capaces de dejar de lado intereses mezquinos, que no le hacen nada bien al país, seguiremos estando muy lejos del tan anhelado Estado de Derecho.

P.D.

Recién se anunció la renuncia del gobernador del Banco de México Agustín Carstens, para incorporarse al Banco de Pagos Internacionales. Sorpresa y suspicacias ha generado esta renuncia en un momento en que la estabilidad monetaria del país está tambaleando. Ojalá los senadores y el presidente de la República ya estén pensando al menos en candidatos para ocupar la silla del gobernador del Banco de México, cargo por demás importante para garantizar la estabilidad económica de nuestro país. Sólo tienen seis meses.

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