Ciudad de México, a 7 de octubre de 2016
COMUNICADO
El pasado miércoles el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México (OCMX), presentaron el Reporte de incidencia delictiva enero-junio 2016, el cual destaca que la Ciudad de México registró la tasa de homicidios dolosos más alta en los últimos 16 años.
Este comparativo se hizo con base en las cifras oficiales de averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de las proyecciones poblacionales del Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Además que el análisis realizado se efectuó a partir de comparativas semestrales de la misma Ciudad de México, con la finalidad de identificar y entender el comportamiento del homicidio doloso de manera focalizada sin tomar como referente la situación de otros estados.
Preocupa al ONC y al OCMX que la autoridad competente minimice o no reconozca la magnitud del problema y que justifique las elevadas tasas delictivas debido a la población flotante o a otras problemáticas que también son de su competencia, tales como el aumento de armas de fuego y las riñas callejeras que reflejan la descomposición social.
En cuanto a la propuesta de autorizar la portación de armas de fuego para la autodefensa de los ciudadanos, el Observatorio Nacional Ciudadano y el OCMX consideran que lejos de mejorar la situación de seguridad, la podría empeorar. La experiencia internacional ha mostrado que, a mayor disponibilidad de armas aumenta la probabilidad de la comisión de delitos violentos y la resolución violenta de conflictos.
Recomendar al ciudadano que se arme, es tanto como admitir que el Estado claudicó. Promover la autodefensa llevará a un mayor debilitamiento del Estado de derecho sin atender las causas del problema y sin que se llegue a garantizar la procuración de justicia.
Reconocemos que la regulación de la portación de armas de fuego es competencia de los legisladores, por lo cual urgimos a que generen los instrumentos normativos necesarios que ayuden a controlar y combatir este fenómeno social. Paralelamente, hacemos un llamado a las autoridades locales y federales para generar programas de prevención de la violencia sustentados en el conocimiento de las características cualitativas y del comportamiento del fenómeno delincuencial, de los respectivos factores de riesgo y de las expresiones de distintos tipos de violencia en nuestro país.
