De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
Es usada a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos y la sensación de inseguridad; esta práctica no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad, se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.
En México se ha recrudecido a lo largo de los años este fenómeno violento, por esa razón Organizaciones de la Sociedad Civil presentaron un informe ante el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, pues el grave aumento de ellas en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto tuvo una insuficiente y precaria respuesta en materia de búsqueda, acceso a la justicia y derecho de las víctimas.
El informe presenta un total de 20,810 personas desaparecidas oficialmente reconocidas entre 2006 y mayo del 2014. De acuerdo a las listas depuradas, existen 13,195 personas desaparecidas durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón y más 7, 615 en lo que iba del gobierno de Peña Nieto.
“La cifra de personas desaparecidas en menos de dos años del gobierno de Peña Nieto representa el 60% del total de personas desaparecidas en el gobierno de Calderón”
Este informe fue presentado por FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, Movimiento por La Paz con la Justicia y Dignidad (MPJD) y Servicios Asesoría para La Paz (SERAPAZ) actualmente está en revisión.
Por su parte, el día de ayer, el caso de desaparición forzada de Christian Tellez Padilla ocurrido en Poza Rica, Veracruz el 20 de octubre de 2010, el Gobierno Mexicano fue Declarado Responsable de la misma, esta es una decisión histórica por parte de la ONU acreditándolo como un caso de Violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, obligándolo a otorgar un recurso efectivo y reparación integral a daño de las víctimas; esto fue posible por I(DH)EAS A.C organización que presento el litigio estratégico en materia de Derechos Humanos.
Es preocupante la situación del país, por esta razón debemos estar atentos al curso que lleva la justicia y las necesidades en materia de derechos humanos. Es nuestro derecho y responsabilidad exigir al Estado que haga frente y de respuesta enfática y expedita a una problemática social que ya es común en la vida cotidiana de los mexicanos.
No olvides que el 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en 2011.
Fuente:
- http://www.un.org/es/events/disappearancesday/
- https://fundar.org.mx/organizaciones-presentan-informe-ante-el-comite-contra-desaparicion-forzada-de-la-onu/
- https://www.idheas.org.mx/violaciones-graves-a-d-d-h-h/desaparicion-forzada/la-desaparicion-de-personas-en-el-sistema-de-las-naciones-unidas/